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Indígenas en Latino América, han tomado el liderazgo de defender la soberanía nacional, los derechos de la democracia y el medio ambiente en los recientes años. Un renovado ciclo de acumulación capitalista enfocado en la minería, la extracción de hidrocarburos y las monoculturas agro-industriales ha inflamado una nueva ronda de resistencia indígena. Partiendo de los legados de organización y política de los campesinos y de las luchas agrarias de las décadas anteriores, los grupos indígenas en los años 1980 y 1990 crecieron y se fortalecieron a partir de un escenario internacional en que se instó a los gobiernos a reconocer y a promover la cultura y los derechos de las minorías a cambio de un continuo alivio de la deuda y ayuda al desarrollo.

En una ola de reformas constitucionales, Colombia (1991), Guatemala (1993), México (1993), y Perú (1993) dieron un paso simbólico al reconocer los derechos culturales de su población indígena. Más recientes movilizaciones políticas en Ecuador (2008) y Bolivia (2009) han llevado a reconocer el carácter de estos plurinacionales estados y, en el caso de Bolivia, establecer una autonomía limitada para los pueblos indígenas. Aunque estas reformas dirigidas por el estado representan una respuesta a las demandas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus identidades y derechos culturales, poco han hecho para abordar sus viejas demandas por la justicia o por su rechazo a las economías extractivistas, la devastación ambiental, y una rampante inequidad social que caracterizan al capitalismo neoliberal.

La presente edición de NACLA explora las contribuciones y las creativas posibilidades de los movimientos indígenas en momentos en que la política indígena ha ido más allá de las solicitudes de reconocimiento del estado y de la inclusión. En este período de «post reconocimiento», activistas indígenas, organizaciones y comunidades están retando tanto las demandas que los estados nacionales ejercen sobre los recursos y territorios indígenas, así como las prioridades sociales y económicas tan fuera de lugar del capitalismo neoliberal.

La fuerza creadora de la movilización política indígena como un catalizador de las luchas políticas más amplias populares fue traída a la atención mundial el 1 de enero de 1994, cuando el ejército Zapatista de Liberación Nacional se hizo cargo de varias ciudades en el estado sureño mexicano de Chiapas. A pesar de militares del gobierno mexicano y los medios de ofensiva contra los zapatistas, que continúa hasta nuestros días, el levantamiento de 1994 coincidió con el primer día del Tratado de Libre Comercio con Norte América y ayudó a iniciar un debate nacional sobre la participación democrática, la autonomía, la justicia económica y la inclusión política. En los años que siguieron a 1994, las organizaciones zapatistas se han basado en las filosofías indígenas de autoridad y de comunidad para articular los ideales de la democracia directa y la participación política que van mucho más allá de los modelos liberales de la democracia de representación y reconocimiento cultural.

El desafío zapatista surgió en respuesta a un modelo económico neoliberal que redujo el gasto social, la desreglamentación de las industrias claves, desmanteló los sindicatos, menoscabó los derechos de los trabajadores, e implementó medidas cada vez más autoritarias en contra de los movimientos sociales, que van desde la criminalización de las protestas públicas hasta la doctrina de contrainsurgencia a gran escala .  Estas medidas, junto al compromiso permanente del neoliberalismo con las industrias destructivas del medio ambiente como el petróleo, la minería, la explotación forestal, así como grandes proyectos de infraestructura y la agricultura de monocultivos comerciales, planteaban la más grave amenaza a la historia de la supervivencia indígena.

Aún cuando los movimientos populares de América Latina se enfrentan a graves problemas tanto de crisis económica mundial y de las políticas neoliberales de sus estados, las organizaciones indígenas en toda América Latina están respondiendo a la represión del estado y al saqueo incontrolado de los recursos naturales de sus países con perspectivas nuevas y creativas con respecto al desarrollo y a la crisis del estado liberal de la nación. Al hacerlo, se enfrentan a los gobiernos electos de la región, incluyendo los nuevos gobiernos nacionalistas progresivos, que han tenido dificultad de pensar más allá del modelo de desarrollo económico promovido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio: el fomento de la expansión capitalista a través de la explotación de los recursos naturales.

Frente a esto, los pueblos indígenas se preguntan por qué siempre es necesario privilegiar las ganancias más que la vida, defender los derechos de las empresas y no los derechos de la Madre Tierra, y tratar a la naturaleza como un recurso para explotarla. También en el terreno de la política, las movilizaciones indígenas han desafiado el dominio de la vertical toma de decisiones tanto de la derecha y de la izquierda, y de las cansadas mantras del estado neoliberal de seguridad nacional y de interés económico.

Un caso significativo es la Minga 2008 de Colombia, que impulsó el movimiento indígena del país al centro del escenario político (ver «Minga de Colombia Bajo Presion»). Con esta masiva movilización nacional, los pueblos indígenas demostraron su capacidad de convocar una amplia gama de fuerzas sociales y políticas, y de articular una plataforma de acción que desafíe directamente los compromisos del estado neoliberal colombiano con el Tratado de Libre Comercio EEUU-Colombia, la militarización, la minería, y la agricultura industrial.

A pesar de avances significativos, los movimientos indígenas siguen enfrentándose a serios desafíos. Las agendas neoliberales no permiten la negociación de los derechos territoriales o políticos, y el racismo atrincherado de la élite criolla o mestiza de América hace difícil que las perspectivas y las voces indígenas sean escuchadas. Ejemplos de esto abundan. En México, las comunidades indígenas se han enfrentado a las fallas del sistema judicial del estado, así como a la creciente violencia de la policía estatal, a los paramilitares y a los traficantes de drogas mediante la formación de una policía comunitaria que trabaja para hacer valer sus derechos constitucionales a la autonomía y a la paz.  («Justicia Indígena Enfrenta al Estado «).

En Brazil, territorios indígenas y sus formas de vida están directamente amenazados por el apoyo incondicional del gobierno de Lula a los masivos proyectos hidroeléctricos, tales como las represas de Inambari, que inundarán más de 113,000 hectáreas de selva tropical en la frontera peruano-brasileña, o las presas de Belo Monte, que se desvían a más del 80% del río Xingu ( «Los pueblos indígenas de Brasil y la presa de Belo Monte»). En el Perú, la élite política y el desdén del sector minero por la Madre Tierra amenaza directamente la supervivencia de los pueblos indígenas, sin embargo, las comunidades de los Andes y del Amazonas se han unido para resistir los esfuerzos del estado para ampliar las industrias extractivas y el que se le niegue los derechos de los indígenas ( «El buen Vivir»).

Las fuerzas políticas locales se enfrentan a retos similares en aquellos países donde gobiernos progresivos llegan al poder en distintos grados por los movimientos indígenas, pues siguen promoviendo la minería y otras industrias extractivas, niegan los derechos a la consulta previa, hacen caso omiso a las autonomías indígenas territoriales, y directamente ponen en peligro tanto el medio ambiente y la vida indígena. En Ecuador, los movimientos indígenas se han enfrentado a la estrategia de desarrollo del gobierno de Rafael Correa, que le da privilegios a la minería y al petróleo; en septiembre del 2009 se movilizaron para protestar contra la legislación que amenazaba con eliminar el control de los recursos hídricos de las comunidades locales lo que abriría el camino para la privatización del agua. Correa respondió etiquetando a los líderes indígenas de «terroristas.» 1. En Bolivia, los movimientos indígenas también se han unido para enfrentar al primer presidente indígena del país Evo Morales, por la distribución de las ganancias de las operaciones del gas y de la explotación minera y por la determinación de los territorios autónomos, e incluso para simplemente demandar la abolición de las industrias extractivas («Las Nuevas Guerras del Agua de Bolivia”).

Las organizaciones indígenas de diferentes países han articulado respuestas similares en contra de las economías extractivas. En el 2009, en la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya-Yala, celebrada en Puno Perú, 5,000 delegados de toda América, emitieron una declaración en la que se ofreció «una alternativa de vida en lugar de una civilización de la muerte.» En este llamado a la movilización «mundial en defensa de la Madre Tierra y de la Población Mundial», la cumbre reconoció que esta lucha y la crisis mundial abordan exigencias de una amplia alianza con los sectores no indígenas y otros sociales y políticos.2. La cumbre de plataforma anti-capitalista, anti-sistémica, resuena con las declaraciones formuladas por los zapatistas, el Foro Social Mundial y otras organizaciones indígenas y populares de América Latina.

Según como los movimientos indígenas actúen para exigir responsabilidades a sus gobiernos, no están pidiendo sólo el reconocimiento o el que aumente su participación electoral. Sus objetivos no son participar siempre en lo mismo, sino construir algo mejor. Ellos ponen en duda la primacía de un modelo económico que valora las ganancias privadas a la vida y a la Madre Tierra. Nos recuerdan también que la política popular y de oposición deben mirar más allá de las elecciones y de los modelos centralizados en el estado de representacion democrática que históricamente han marginado y silenciado no sólo a los pueblos indígenas, sino también a un amplio espectro de la población olvidada y pobre. Nos piden sobre todo pensar creativamente acerca de cómo nuestros compromisos con el cambio político no debe comenzar con una búsqueda del poder, sino con el respeto a la vida, y por las formas de vida y bienestar mutuo que las organizaciones indígenas llaman El buen Vivir.

Referencias:

1. Servicios en Comunicación Intercultural Servindi (servindi.org), “Ecuador: En escalada represiva Correa acusa a líderes indígenas de terroristas,” June 30, 2010.

2. Ver Marc Becker, “Moving Forward: The Fourth Continental Summit of Indigenous Peoples,” June 12, 2009, nacla.org/node/5891.

Traducido del artículo/reporte de NACLA (siglas de Congreso Norte Americano por Latino América “sabiduría más allá de las fronteras”) de Título: Post-Reconocimiento: Indígenas Confrontan el Capitalismo